La justicia restaurativa en México ha cobrado relevancia en las últimas décadas como una alternativa y complemento al sistema tradicional de justicia penal. A diferencia del modelo punitivo, que centra su atención en el castigo del infractor, la justicia restaurativa pone en el centro a la víctima, el daño causado y la necesidad de reconstruir el tejido social. Su objetivo principal no es únicamente sancionar, sino reparar, responsabilizar y, en la medida de lo posible, reconciliar.
En el contexto mexicano, la justicia restaurativa encuentra sustento jurídico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente a partir de la reforma constitucional en materia penal de 2008, que dio paso al sistema de justicia penal acusatorio. Asimismo, el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla los mecanismos alternativos de solución de controversias, como la mediación, la conciliación y las juntas restaurativas. Estos mecanismos permiten que, en determinados delitos —principalmente no graves—, las partes puedan llegar a acuerdos que reparen el daño sin necesidad de llegar a juicio.
Uno de los pilares de la justicia restaurativa es la participación activa de la víctima. En el modelo tradicional, muchas veces la víctima queda relegada a un papel secundario, limitada a declarar y esperar una sentencia. En cambio, en los procesos restaurativos se le brinda la oportunidad de expresar cómo le afectó el delito, qué necesita para sentirse reparada y cuál sería una solución justa desde su perspectiva. Esto no solo fortalece su sentido de justicia, sino que también contribuye a su proceso emocional y psicológico de recuperación.
Por su parte, el infractor también asume un rol diferente. En lugar de limitarse a enfrentar una pena impuesta por el Estado, debe reconocer su responsabilidad y comprometerse activamente en la reparación del daño. Este enfoque promueve la reflexión sobre las consecuencias de sus actos y puede disminuir la reincidencia, ya que fomenta la empatía y la reintegración social. En muchos casos, la reparación puede incluir compensación económica, disculpas públicas, trabajo comunitario o acuerdos específicos que atiendan las necesidades de la víctima.
En México, diversas entidades federativas han desarrollado centros de justicia alternativa y unidades especializadas en mecanismos restaurativos. Sin embargo, su aplicación enfrenta retos importantes. Entre ellos destacan la falta de difusión, la desconfianza de la ciudadanía, la limitada capacitación de algunos operadores y la persistencia de una cultura jurídica centrada en el castigo. Además, no todos los delitos son susceptibles de resolverse mediante estos mecanismos, lo que limita su alcance.
A pesar de estos desafíos, la justicia restaurativa representa una oportunidad valiosa para transformar la manera en que se entiende y se ejerce la justicia en el país. En un contexto marcado por altos índices de violencia y saturación del sistema judicial, apostar por modelos que prioricen la reparación del daño y la reconstrucción del tejido social puede contribuir a una justicia más humana, eficiente y cercana a las necesidades reales de las personas. Su fortalecimiento dependerá no solo de reformas legales, sino también de un cambio cultural que reconozca que, en muchos casos, reparar puede ser más efectivo que castigar.